La norma establece que al menos el 40% de los cargos en órganos de poder de grandes empresas y en la Administración General del Estado deben ser ocupados por mujeres.
El Congreso ha dado luz verde a la Ley de Paridad con 178 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención. Esta es la segunda norma que se aprueba del Ejecutivo de coalición tras las elecciones del pasado verano.
La norma establece que al menos el 40% de los cargos en órganos de poder de grandes empresas y en la Administración General del Estado deben ser ocupados por mujeres.
El Senado había modificado el texto para eliminar esta enmienda durante su trámite legislativo. Sin embargo, al regresar al Congreso, el bloque de izquierda revirtió esos cambios, dejando la decisión final en manos de la Cámara Baja.
MAYOR PRESENCIA FEMENINA
La nueva normativa ahora incluye de manera obligatoria lo que en la ley anterior solo era una recomendación: un 40% de presencia femenina en los consejos de administración y puestos de alta dirección de las empresas cotizadas.
Además, la ley responde a una directiva europea aprobada en 2022 que exige que, a partir de 2026, al menos el 40% de los administradores no ejecutivos de las compañías sean del sexo menos representado. La legislación establece sanciones adecuadas y proporcionales para las empresas que no cumplan con este requisito.
En el ámbito político, la norma exige listas electorales paritarias y en formato cremallera para elecciones al Congreso, Parlamento Europeo, municipales, consejos insulares, cabildos insulares y Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. También se aplica al Senado cuando las candidaturas se agrupan en listas, y en el Gobierno, donde se requiere que el 40% de los cargos de vicepresidencias y ministerios sean ocupados por cada sexo.
Aunque la ley no establece porcentajes mínimos de composición para las organizaciones políticas, sí obliga a los partidos a tener un plan de igualdad interno con medidas para prevenir y detectar la violencia machista, así como un protocolo de actuación contra esta.
Finalmente, el 40% de mujeres también aplicará para el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, así como para los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, los colegios profesionales y las entidades de interés público.
